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Impunidad, lacrada por la Justicia 

Por mucho que les pese a los jueces, ellos, como custodios de los valores consagrados en el De­recho, son responsables de la anomia moral. Sin Justicia gobierna la impunidad.

Sin Justicia no hay Democracia. La frase, que es prácticamente una declaración de principio, fue utilizada en más de una ocasión en este espacio que es una carta editorial que busca constituir conciencia crítica en la sociedad. Una vez más resulta indispensable refrescar esa definición, ponerla de resalto, revalorizarla frente al fuerte déficit institucional que padece la Argentina y que es, sin du­das, el nudo gordiano de la decadencia como nación. En tanto la Justicia, es decir los hombres y mujeres res­ponsables de ese servicio esencial para una comunidad organizada no cumplan cabalmente con su misión, el país continuará empantanado en la ignominia. Ya fue dicho tam­bién, el problema de la Argentina es la pérdida de valores. Y en ese sentido, por mucho que les pese a los jueces -de todos los fueros y jurisdicciones- ellos, como custo­dios de los valores consagrados en el Derecho, son responsables de la anomia moral. Sin Justicia go­bierna la impunidad. No hay de­mocracia que pueda compensar tremenda corrupción del sistema. 

Ayer el gobierno del Frente de Todos, donde cohabitan los so­cios Alberto Fernández -el Presidente- y Cristina Fer­nández de Kirchner -la vicepresidenta- abrocharon sendos triunfos judiciales que alivian, total o parcial­mente según el caso, sus tribulaciones, derivadas de actos que son repudiables éticamente y que también deberían ser reprochados legalmente. El potencial "de­berían" no es una equivocación, es la manifestación de un anhelo que ha quedado trunco en los pasillos oscu­ros de los tribunales.

El hecho es que mientras el presidente Fernández logró zafar de la causa -que nunca se terminó de ar­mar- por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena pandemia de coronavirus; la vicepresidenta Fernández consiguió un fallo favorable -por un tecni­cismo- en la causa que le imputaba el uso del avión del Estado para sus actividades particulares.

Más allá de los apremios mediáticos, y las muchas pruebas que existen para una segura condena, los Fer­nández han hallado el sendero del perdón en la Justi­cia. Un perdón amañado, que no borra la mancha, pero les evita consecuencias legales más traumáticas. 

No por nada el Poder Judicial tiene una imagen ali­caída en la consideración pública. Se emparenta con el descrédito que arrastra la política, al fin y al cabo se han convertido uno y otro en caras de una misma moneda.

Ayer a la tarde, el presidente Alberto Fernández transfirió $3 millones a una cuenta bancaria del Instituto Malbrán -de la Capital Federal- para cumplir con los acuerdos alcanzados en el marco de la causa judicial por la fiesta de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la etapa más dura del confinamien­to por la pandemia. En realidad el hombre hizo dos transferencias, una por $1,6 millones y otra por $1,4 millones. El primer depósito corresponde a su "arreglo", el se­gundo al de Yáñez. 

Ahora sólo resta que el juez Lino Mirabelli firme el sobreseimiento del mandatario y el de la primera dama. Una vez que se cumpla este paso, Alberto Ángel Fernández podrá seguir tocando la gui­tarra -y cantar "Color Esperanza"- sin antecedentes.

Según trascendió, el Presidente sacó un préstamo personal, se cree que en el Banco Santander, desde donde hizo las transferencias. Lo pagará en un año, dicen. De acuerdo a los últimos datos disponibles, Fer­nández recibe una remuneración bruta de 673.239 pe­sos, que se reduce a 434.704 pesos con los descuentos. Su declaración jurada de bienes está llena de curiosida­des. Pero, no es lo más importante. Lo verdaderamente escandaloso es que se burló de todo y sale limpio. 

Impunidad con el guiño judicial. s